- Apuntó que en la Entidad resulta clara la urgencia de implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento de la seguridad
En Michoacán, se hace necesaria la armonización normativa en materia de prevención social sobre la violencia, poniendo énfasis en la participación ciudadana, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora por el Distrito de Puruándiro apuntó que en la Entidad resulta clara la urgencia de implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento de la seguridad, permitiendo así el fomento a la cohesión social y la convivencia armónica con base en el Estado Constitucional de Derecho.
Por ello apuntó que desde la Representación Parlamentaria de la que forma parte, se propone una revisión profunda de nuestro marco normativo en materia de seguridad, prevención y participación social, ya que la transformación que se precisa requiere la confluencia y el esfuerzo de todas y todos los michoacanos.
En ese sentido señaló que debe quedar establecido por Ley la obligación de las autoridades de realizar no sólo diagnóstico puntual, a partir de una metodología clara y con indicadores precisos, sino también la realización de encuestas y mediciones periódicas para obtener datos duros de las acciones y políticas de éxito en la materia.
“Es urgente que el Estado de Michoacán resurja a través de la sociedad con instituciones sólidas para enfrentar la profunda crisis social, política y económica que ha puesto en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del Estado”.
Julieta Gallardo subrayó que, como representantes populares, los integrantes de la LXXV Legislatura tienen como deber asumir su responsabilidad para encauzar el rumbo de las instituciones para el beneficio de la población, impulsándolas y fortaleciéndolas para recuperar el Estado de Derecho.
En ese sentido recalcó que debe garantizarse sin cortapisas la seguridad, el desarrollo institucional, la educación, la recuperación de espacios públicos, disminuir la desigualdad social, fortaleciendo el contexto económico de las familias y garantizando el derecho irrestricto de los derechos humanos de los michoacanos.